Es paradójico lo que está pasando con UBER en Londres.
Mientras que en medio mundo la multinacional de tecnología para el transporte urbano lucha a muerte por ser considerada un negocio legal, en Londres, una de las ciudades en las que operaba “con todas las de la ley”, acaba de perder su licencia de operación otorgada desde el año 2012.
La pregunta importante es por qué perdió su licencia; y la respuesta, igual de importante a la pregunta, la dio el nuevo CEO Dara Khosrowshahi: “en Londres hicimos las cosas mal”.
Esto significa que no cumplieron con las normas aplicables a su condición de empresa operadora de transporte privado. Cada tipo de operador (y en general cada tipo de empresa) debe cumplir una serie de reglas para ajustarse a las normas que regulan su actividad. En este caso particular, UBER debía seguir procedimientos para reportar incidentes, obtener certificaciones médicas de sus conductores, y hasta chequear y certificar los antecedentes penales de cada uno de ellos.
¿Será que el incumplimiento legal es un problema “cultural” en UBER? O será un problema operativo y de control de la compañía…
Hasta hace algunos meses el problema era definitivamente “cultural”; pero hoy, con un equipo directivo renovado que rechaza la política empresarial de todo vale, parece que la respuesta está en un deficiente proceso operativo y de control.
Sea cual sea la causa de esta situación, lo que sí es absolutamente claro es que el cumplimiento (o incumplimiento) de la regulación aplicable a un negocio no es un asunto menor, y todo lo que hagan las empresas para mejorar sus prácticas en este campo es muy útil; al punto que, si no lo hacen pueden perder su negocio o, lo que sería peor, empezar a operar en la ilegalidad.
LO QUE DICE LA LEY
La Ley 1778 de 2016, que determina las reglas aplicables a las sociedades para prevenir actos de soborno transnacional y corrupción, estableció que las grandes empresas deben consolidar programas de ética empresarial; más de 106 empresas incumplieron esta obligación legal, y hoy son objeto de investigación administrativa, que puede derivar en la imposición de multas.