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Uno de los puntos más álgidos en el pasado debate electoral para la Presidencia de la República fue el relacionado con el apoyo o la oposición a la industria petrolera y minera en el país. Superadas las elecciones y con ellas las posiciones extremistas e irreconciliables frente a muchos temas, entre estos el de la actividad extractiva, el nuevo gobierno debe fijar su política frente a uno de los renglones más importantes de la economía, pero también frente a una actividad rechazada por muchos sectores dado su impacto en el medio ambiente y en las comunidades cercanas a los lugares de extracción de petróleo o minerales.

Sin lugar a dudas, de los diferentes elementos que hacen parte de la ecuación, debe eliminarse la minería ilegal, es decir, la realizada sin ningún tipo de autorización para extraer minerales y sin ningún permiso ambiental que establezca mecanismos para evitar impactos ambientales o medidas para compensarlos. La minería ilegal no sólo es uno de los mayores causantes de daños al medio ambiente sino también uno de los peores enemigos de la minería legal, pues por cuenta de los desastres que genera, se confunden y se censuran las dos, muchas veces de manera injusta con la realizada legalmente.

En la ecuación política sobre explotación minera y de hidrocarburos se deben considerar dos elementos adicionales que se han vuelto fundamentales en la viabilidad de estos proyectos en el país. Por un lado el régimen legal de distribución de las regalías generadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, y por el otro lado las consultas populares, mecanismo utilizado por los municipios para prohibir dicha explotación en su territorio.

La relación entre régimen de regalías y consultas populares es particular y desafortunadamente estrecha: En los últimos años a lo largo y ancho del país son muchos los municipios que han convocado o que han manifestado su intención de convocar a consultas populares con el fin de prohibir que se lleven a cabo proyectos extractivos de petróleo o de minerales en su jurisdicción, argumentando en la mayoría de las ocasiones, su interés de proteger el medio ambiente y los efectos negativos de estos proyectos en las comunidades ubicadas en el área de influencia. Sin embargo, no es casualidad que el auge por las consultas populares haya surgido poco tiempo después de que se modificó el régimen legal de la distribución de las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos y minerales. Mas que una casualidad lo que hay es una clara relación de causalidad entre nueva ley de regalías y el boom de las consultas populares.

Durante muchos años, el 80% los miles de millones de las regalías llegaban directamente a las regiones productoras (departamentos, municipios y puertos), en donde desafortunadamente esos recursos eran presa fácil para la corrupción local y regional. Lo común era encontrar que municipios con muy altos ingresos por regalías seguían en las peores condiciones de pobreza, sin acueducto, alcantarillado, escuelas, hospitales, etc. y eso sí, con varios alcaldes en prisión o investigados por corrupción.

En 2012 se modificó el régimen de distribución de regalías, pasando del esquema anterior a uno en el cual las regalías son repartidas desde el nivel central a todas las regiones del país, con base en los proyectos presentados por las entidades territoriales, pero sin que exista relación directa entre los municipios productores y las recursos que estos reciben provenientes de regalías.

El cambio de reglas y la consecuente disminución de ingresos para los municipios productores ha incentivado la proliferación de consultas populares para prohibir la explotación minera y de hidrocarburos, al tiempo que en el Congreso se ha tratado de reactivar la discusión para evaluar la conveniencia del esquema actual. Obviamente los poderes políticos tradicionales de las entidades territoriales no están satisfechos con el recorte de los recursos disponibles para inversión o para corrupción.

El nuevo congreso recién instalado y el gobierno entrante tendrán que evaluar estas variables de la ecuación como parte de la política pública para impulsar o frenar un sector neurálgico para el país, y superar la discusión de aguacates y barriles.

Hernán Pineda T.
Hernán Pineda T.
Temas: Derecho Minero Energético - Contratación Estatal - Derecho Público
Ha participado en la estructuración, contratación y ejecución de múltiples proyectos de infraestructura, a través de las modalidades de contrato de obra pública o de concesión, asesorando tanto a empresas públicas como privadas. Asimismo, ha asesorado a empresas privadas en materia de suministro de bienes y servicios a entidades estatales.
Su experiencia en el campo de derecho minero y de hidrocarburos abarca la asesoría legal en la ejecución de contratos y títulos sometidos a los diferentes regímenes que han regulado esta industria.