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El pasado 18 de enero se promulgó la Ley 1882, la cual tiene como uno de sus principales objetivos adoptar medidas en contra de la corrupción, sin embargo, estas medidas sólo son extensivas a los contratos de obra, dejando por fuera los demás contratos y modalidades de selección, en los cuales los niveles de corrupción son igualmente altos y el presupuesto nacional es billonario.

Todos los días se escuchan escándalos por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por la adjudicación de contratos para la semaforización, la compra de motos para la policía en el Distrito Capital, la selección del operador de basuras, las constantes quejas por los procesos de selección de las Corporaciones Autónomas Regionales, los carteles de las empresas de vigilancia, y un gran etcétera.

Uno de los más recientes escándalos tiene que ver con el suministro de papelería y útiles de oficina para las entidades públicas. Colombia Compra Eficiente denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), prácticas anticompetitivas de dos proveedores del Acuerdo Marco de Precios cuyo objeto es el suministro de papelería y útiles de oficina, lo que condujo a que la Superintendencia ordenara excluirlos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, lo cual les impedirá a estos proveedores participar en la ejecución de los Acuerdos Marcos de Precios que se encuentran vigentes.

La SIC como entidad encargada de proteger la competencia, debe velar por impedir prácticas que incluyan acuerdos anticompetitivos, abusos de posición dominante, y actos de competencia desleal, es decir, actos contrarios a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, conductas encaminadas a afectar la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

Los actos de corrupción frecuentes en los procesos de selección en la contratación pública, en muchas ocasiones se enmarcan dentro de las conductas consideradas como violatorias de la normatividad sobre libre competencia y competencia desleal, con lo que cualquier persona afectada y las propias entidades públicas pueden elevar las denuncias respectivas ante la SIC.

Con medidas como la exclusión de los proveedores del acuerdo marco de precios  y las que se han tomado contra diferentes carteles empresariales, la SIC se constituye en una alternativa para combatir la corrupción en los procesos de contratación de las entidades públicas, ante la ineficiencia e ineficacia mostrada en estas materias por la Procuraduría y la Contraloría.

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Oiga en La Voz del Derecho el análisis sobre la Reforma al sistema de contratación pública

LO QUE DICE LA LEY

La Ley 256 de 1996 tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994,

Hernán Pineda T.
Hernán Pineda T.
Temas: Derecho Minero Energético - Contratación Estatal - Derecho Público
Ha participado en la estructuración, contratación y ejecución de múltiples proyectos de infraestructura, a través de las modalidades de contrato de obra pública o de concesión, asesorando tanto a empresas públicas como privadas. Asimismo, ha asesorado a empresas privadas en materia de suministro de bienes y servicios a entidades estatales.
Su experiencia en el campo de derecho minero y de hidrocarburos abarca la asesoría legal en la ejecución de contratos y títulos sometidos a los diferentes regímenes que han regulado esta industria.