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Al mismo tiempo que Argos y Cemex se ubican en el ranking de las empresas con mejor reputación corporativa en el país, según el escalafón publicado por la Revista Dinero*, son sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización empresarial para la fijación de precios.

Una cara de la moneda nos muestra a Argos en el cuarto puesto dentro las empresas más reputadas en el país, según Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), y a su presidente, Juan Esteban Calle, como uno de los diez primeros líderes empresariales de Colombia.

En la otra cara de la moneda, aparece como una de las tres empresas del sector cementero sancionadas por más de 200.000 millones de pesos por desarrollar prácticas de colaboración o amiguismo empresarial, para fijar los precios del cemento y conseguir alzas por fuera de la lógica del mercado, obteniendo beneficios económicos en detrimento de la competencia y de los consumidores.

La pregunta que surge entonces es, ¿pueden convivir estas dos caras en la misma empresa?

La reputación corporativa es un activo intangible cada vez más valorado, el cual evidencia la confianza que ha construido la empresa y la fortaleza de las relaciones con sus grupos de interés. Se compone de aspectos como su forma de actuar, sus valores, su relacionamiento, su ética, la calidad de sus productos, el valor cobrado por estos, etc.

De acuerdo con esto, evidentemente las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio afectarán la reputación de Argos, Cemex y Holcim, por su fundamento en comportamientos que violan la ética en los negocios y que afectan directamente al consumidor de sus productos.

Lo cierto es que más allá de la afectación por el multimillonario valor de las sanciones, sin duda el impacto en su reputación perjudica el valor de la empresa y puede acarrear consecuencias frente a inversionistas y frente a la banca nacional e internacional.

Ahora bien, la batalla jurídica apenas comienza pues la sanción aún no se encuentra en firme, por lo que habrá que esperar qué decisión toma la Superintendencia frente a los recursos interpuestos. Sanción que en caso de confirmarse muy seguramente será demandada generando un pleito que tomará varios años y en el cual no sólo estará en juego la pena impuesta sino los perjuicios que puedan sufrir las empresas por la afectación de su reputación.

*Revista dinero, edición octubre 24 de 2017.

LO QUE DICE LA LEY

La normatividad sobre libre competencia y su protección, encuentra su fundamento en el artículo 333 de la Constitución, donde se manifiesta que: “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades… El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

Hernán Pineda T.
Hernán Pineda T.
Temas: Derecho Minero Energético - Contratación Estatal - Derecho Público
Ha participado en la estructuración, contratación y ejecución de múltiples proyectos de infraestructura, a través de las modalidades de contrato de obra pública o de concesión, asesorando tanto a empresas públicas como privadas. Asimismo, ha asesorado a empresas privadas en materia de suministro de bienes y servicios a entidades estatales.
Su experiencia en el campo de derecho minero y de hidrocarburos abarca la asesoría legal en la ejecución de contratos y títulos sometidos a los diferentes regímenes que han regulado esta industria.