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Casos como el sucedido con el artista callejero “Don José”, a quien le negaron disfrutar de una comida en un restaurante de Medellín (Colombia) por parte de su administradora, o el caso de los dos hombres de color que fueron sacados a la fuerza por la policía de una de las tiendas de Starbucks en Filadelfia (Estados Unidos) por su condición racial, no se quedan sólo con un reproche en las redes sociales.

En el ámbito nacional, más allá de lo que declara la Ley 1482 de 2011 para garantizar la protección de los derechos que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación, o las sanciones económicas contempladas por el Código de Policía Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también puede iniciar una investigación administrativa por violación del derecho del consumidor a ser tratado equitativamente y de manera no discriminatoria.

En este caso, la SIC deberá investigar y determinar si realmente hay desigualdad entre los consumidores y el público en general en el acceso a bienes y servicios que deben ser vendidos o puestos a disposición en igualdad de condiciones, siempre que existan iguales situaciones de hecho; es decir, que todos los consumidores o los usuarios, sobre la base del derecho a la igualdad, no pueden pretender acceder a los mismos productos o servicios.

Por ejemplo, un consumidor no podrá denunciar discriminación o desigualdad injustificada si una compañía aseguradora le impide acceder a un tipo de seguro determinado o si le ofrecen una póliza más cara. En un caso como este, la decisión final dependerá del riesgo evaluado y acreditado por la aseguradora.

De lo que realmente se trata la discriminación en el caso de los consumidores, es que un proveedor no podrá negarles la posibilidad de disfrutar de un producto o servicio por cuestiones subjetivas como enemistad con el cliente, o por cuestiones raciales, sociales y demás, que obedezcan a condiciones exageradas para el ingreso a un establecimiento, o por motivos no acreditados, entre otros.

En estos casos, al comprobarse una conducta discriminatoria por motivos injustificados, la SIC podría imponer sanciones que irían hasta los 2000 SMMLV, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio, entre otras medidas.  Sin dejar de lado que el cliente también podría buscar un resarcimiento por daños y perjuicios ante un juez civil al existir afectación a la dignidad y por ende daño moral.

De tal manera que, señores empresarios y todos aquellos comerciantes que prestan servicios al público, hay que pensar dos veces antes de tomar decisiones pasionales en contra de sus consumidores reales o potenciales, ya que una conducta equivocada no solo puede tener importantes afectaciones económicas, también puede afectar su reputación, pues las redes no se callan nada.

LO QUE DICE LA LEY

Ley 1482 de 2011

Artículo 134 A. Actos de Racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ley 1480 de 2011

Artículo3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:

(…)

1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria

Catalina Ortíz G.
Catalina Ortíz G.
Temas: Laboral, Medio Ambiente, Comercial
Abogada de la Universidad Militar Nueva Granada. Especialista en Derecho Contractual y en formación en Derecho laboral y Seguridad social en la Universidad del Rosario. Especialista en Gestión Ambiental de la Universidad Miguel de Cervantes de España.