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Desde el primer semestre del año 2016, ya se hablaba del caso Hyundai como aquella disputa entre el empresario Carlos Mattos contra Hyundai Corea, por la no renovación del contrato de distribución que llevaba más de dos décadas.

El no acatamiento de las estrategias empresariales solicitadas por la casa matriz al empresario para la línea de automóviles particulares, se configuró posiblemente como una de las principales causales para entregarle la marca al Grupo Eljuri de Ecuador.

Las demandas por parte del empresario con sumas exorbitantes contra Hyundai Corea y el Grupo Eljuri no se hicieron esperar, y la justicia paradójicamente actuó con prontitud, favoreciendo al empresario colombiano; las medidas cautelares resultaron abantes al imposibilitar que cualquier tercero pudiera importar, comercializar y promocionar la marca Hyundai en Colombia. Sin embargo, desde aquella época ya existían indicios de la posible comisión de delitos por parte del juez que llevaba el caso por prevaricato, ya que no resultaba normal que sin sustento legal y probatorio, permitiera fundamentar dicha decisión. Finalmente, las partes llegan a un acuerdo y las demandas son retiradas.

Hasta aquí todo era casi normal… pero en el transcurso de las investigaciones penales que se habían solicitado desde el año 2016, se descubrió la alteración ilegal en el reparto aleatorio que le dieron al proceso radicado para aquella época por Carlos Mattos en el sistema judicial, reflejando un quebrantamiento de la ética con efecto dominó, desde el sector privado al público: por un lado, el abogado asesor, quien hizo la gestión con los contactos que manejaban internamente el sistema informático judicial; el patinador del proceso y de las dádivas; el empresario que proveía los recursos para las dádivas; los ingenieros técnicos y los abogados del despacho que alteraron el sistema de reparto; finalmente el juez, que recibía las dádivas a cambio de favorecer al empresario colombiano, mediante sus providencias.

Las consecuencias: Carlos Mattos con orden de captura por el delito de cohecho, el juez capturado por cohecho impropio, los abogados del despacho e ingenieros capturados por acceso abusivo del sistema informático, daño informático agravado, cohecho propio, entre otros delitos, son los que les imputan a los implicados.

¿Valió la pena para todos tomar semejante riesgo?

Una decisión que surgió de un negocio y que llevó a recurrir a una estrategia ilegal, involucrando a sectores tan sensibles y que deberían ser impenetrables como lo es la justicia, demuestra que los empresarios no deben fomentar ni permitir que asesores inescrupulosos (o a la inversa),  los convenzan para realizar maniobras ilegales para alcanzar la realización de negocios que al final no resultan sostenibles y que por el contrario, pueden tener serias repercusiones en sus antecedentes penales, profesionales, y lo más importante, afectando su valor reputacional.

La ética empresarial se convirtió en un activo inmaterial muy valioso para las compañías, en una habilidad para sus administradores, y para la sociedad en un valor fundamental para que exista credibilidad y confianza. Cualquier decisión que se tome en el mundo de los negocios, debe responder a los criterios de la ética empresarial; las consecuencias de omitir o desconocer su aplicación pueden resultar siendo mucho más gravosas e irreversibles para las empresas, como para los miembros que hacen parte de ellas.

En el caso Hyundai se evidencia que le dieron prioridad a la realización de un negocio mal hecho como “estrategia empresarial”, sobre la realización de una gestión con inteligencia corporativa sostenible. Las décadas como empresario exitoso, los abogados con prestigio por sus logros alcanzados, las carreas como ingenieros y abogados en la rama judicial, quedaron atrás por comprometer la ética empresarial, profesional y judicial.

LO QUE DICE LA LEY

Art. 141. – Cohecho propio. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 22. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro o ocho años, multa de 50 a 100 SMMLV e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
Art. 142. – Cohecho Impropio. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 23. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de tres a seis años, multa de 50 a 100 SMMLV e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
Art. 143. – Cohecho por dar u Ofrecer. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que dé u ofrezca dinero o otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres a seis años, multa de 50 a 100 SMMLV, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término.

Luisa Fernanda Jiménez
Luisa Fernanda Jiménez
Temas: Derecho Corporativo, Cambiario, Tributario y Propiedad Intelectual.

Luisa Fernanda tiene amplia experiencia en la estructuración de negocios con inversión extranjera y nacional. Ha participado en procesos de fusiones y adquisiciones; regulación de operaciones cambiarias; creación de acuerdos de cooperación empresarial; procesos de competencia desleal, protección de propiedad intelectual e industrial en Colombia.