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En esta segunda parte continuaremos con el análisis de los interrogantes jurídicos que surgen como consecuencia del reciente fallo de la Corte Constitucional en contra de Cerro Matoso, producto de una acción de tutela presentada por comunidades étnicas cercanas a la mina de níquel operada por esta empresa en Córdoba.

A continuación nos referiremos a los interrogantes relacionados con: los límites establecidos por la legislación ambiental para el desarrollo de actividades industriales; la competencia para determinar qué requisitos ambientales se deben cumplir y la seguridad jurídica respecto de los actos expedidos por las autoridades ambientales.

Dentro del trámite de la tutela, Cerro Matoso acredita haber cumplido con los límites permisibles en emisiones y calidad de agua, en aquellos aspectos regulados por la normatividad nacional, argumentando que si no se excedieron dichos límites, no puede haber responsabilidad por daños en la salud ya que la actividad se encuentra dentro de los impactos legalmente aceptados.

De otra parte, existen algunos límites que no están regulados, como es el caso de las partículas de níquel en el aire, por lo que Cerro Matoso manifiesta que no habiendo límite contra el cual compararse no se puede hablar de incumplimientos de la norma, pero sí de la diligencia con que se mitigan los impactos de dichas emisiones.

Aunque en Colombia existen actividades que tienen límites de emisiones permisibles, la Corte asegura que el cumplimiento de éstos no tiene un valor probatorio absoluto, es decir que el cumplimiento de un límite no excluye per se la existencia de una afectación a la salud y medio ambiente, y no rompe el nexo causal.

Pero el fallo va más allá, pues en el caso de actividades cuyos límites no están establecidos en la normatividad colombiana -como es el tema de calidad de aire en materia de níquel o agua en materia de hierro- el fallo fundamenta sus conclusiones en que no puede hablarse de cumplimiento ambiental cuando no hay norma contra la cual comparar, y señala que Cerromatoso incumplió guías de la OMS (Organización Mundial de la Salud), aunque éstas no se han incorporado a las normas nacionales.

Así, la Corte termina trasladando la responsabilidad de la ausencia de normatividad en las materias antes señaladas a la empresa. En otras palabras “como no hay norma, Cerro Matoso no puede estar cumpliendo”. Así mismo, se cuestiona el desempeño ambiental con base en normas que no están incorporadas en la legislación nacional, lo cual se ha convertido en práctica recurrente aun para actividades donde sí existen límites permisibles, como es el caso del material particulado de carbón.

Por otro lado, Cerro Matoso tenía una licencia ambiental desde 1981 y en el año 2015, luego de varios requerimientos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tramitó un Plan de Manejo Ambiental. La Corte decide no analizar el PMA porque se tramitó cuando la tutela ya estaba en curso y termina ordenando a la empresa tramitar una nueva licencia ambiental y no un Plan de Manejo Ambiental que sería la figura aplicable.

Se cuestiona aquí la seguridad jurídica de los actos administrativos expedidos por las entidades competentes y la apropiación de funciones ajenas por parte del poder jurisdiccional, en este caso el juez de tutela. Lo primero, por cuanto a pesar de tener un PMA vigente que contiene los impactos y las medidas de manejo, la Corte considera que el instrumento adecuado es una licencia ambiental, cuando fue la misma ANLA quien requirió que se convirtiera en un PMA, y sin ninguna explicación de fondo sobre la norma aplicable para la procedencia de dicha licencia.

Por otra parte, pareciera darse una apropiación de funciones cuando el fallo termina impartiendo órdenes en materia ambiental, tan específicas como el tipo de instrumento adecuado para el caso o las medidas de mitigación que deben incluirse, por encima de las decisiones del ente especializado en materia ambiental, quien hace la fiscalización y conoce los impactos de la actividad, es decir la ANLA.

Como mencionamos en la primera parte de este artículo, las posiciones jurídicas expuestas por la Corte en este fallo pueden tener efectos en cualquier industria, por lo que deben tenerse en cuenta los riesgos que implica que se tomen medidas en contra de las empresas rechazando el cumplimiento de las normas como prueba de la ausencia de responsabilidad, declarando responsabilidad indirecta por la inexistencia de límites permisibles, exigiendo normas no incorporadas en la legislación nacional, desconociendo los actos administrativos sin desvirtuar la presunción de legalidad y apropiándose de funciones técnicas propias de las autoridades administrativas.

Hernán Pineda T.
Hernán Pineda T.
Temas: Derecho Minero Energético - Contratación Estatal - Derecho Público
Ha participado en la estructuración, contratación y ejecución de múltiples proyectos de infraestructura, a través de las modalidades de contrato de obra pública o de concesión, asesorando tanto a empresas públicas como privadas. Asimismo, ha asesorado a empresas privadas en materia de suministro de bienes y servicios a entidades estatales.
Su experiencia en el campo de derecho minero y de hidrocarburos abarca la asesoría legal en la ejecución de contratos y títulos sometidos a los diferentes regímenes que han regulado esta industria.