Select Page

En días pasados la Corte Constitucional profirió un fallo en contra de Cerro Matoso, con ocasión de una acción de tutela presentada por comunidades étnicas cercanas a la mina de níquel que opera hace más de 30 años en Córdoba, con la que solicitaban protección a sus derechos al ambiente sano, la salud, la vida, la salud pública y la consulta previa, presuntamente violados por la empresa minera.

El fallo proferido sugiere una pregunta que debe tener en vilo a diferentes sectores de la economía en Colombia: ¿Es este fallo la cereza que le faltaba al pastel de sentencias de la Corte Constitucional en contra del sector de hidrocarburos y minero o es apenas la punta del iceberg que deja entrever cuál será el derrotero en los fallos del alto tribunal constitucional en adelante?

No se trata de tomar partido por posiciones ambientalistas o pro-industria extractiva, pues creemos que es posible el desarrollo de esta industria con responsabilidad ambiental y, garantizando el respeto por los recursos naturales y los derechos de las comunidades. Se trata de poner de presente los grandes y preocupantes interrogantes que desde el punto de vista jurídico el fallo de la Corte Constitucional deja para cualquier industria, no sólo para la minería y los hidrocarburos.

En este artículo nos referiremos al primero de esos interrogantes.

En el caso bajo estudio, los accionantes alegaban impactos a su salud como consecuencia de la operación minera. Ante la ausencia de pruebas aportadas, se ordena al Instituto de Medicina Legal que adelante un estudio sobre 1.147 personas, determinadas al azar del total del censo poblacional (3.463 personas). Si bien la totalidad de las muestras de sangre y orina registraban presencia de Níquel, los hallazgos del estudio no fueron concluyentes para determinar que existía un nexo causal entre los impactos de la operación y las afectaciones en la salud de las comunidades.

Si bien el principio de causalidad de la responsabilidad exige la existencia de un nexo causal entre una conducta y un daño causado, el fallo de la Corte reconoce que no fue posible establecerlo claramente en este caso. No obstante, señala que existe una “causa adecuada y probable” entre la actividad de Cerro Matoso y las afecciones a la salud y daños ambientales que se encontraron. Es decir, el fallo de tutela, cuyo objetivo es proteger derechos fundamentales, determina la existencia de responsabilidad, con base en una causa probable y no en un nexo causal probado.

Así las cosas, este no es un fallo que interese exclusivamente a Cerro Matoso o al sector minero, es un fallo que si tiene eco en otros procesos de tutela podría terminar afectando a cualquier industria, pues se genera un riesgo de que se declaren responsabilidades por daños ambientales y a la salud, indemnización de perjuicios en abstracto y demás, sin que exista un nexo causal probado entre la actividad y el daño.

Hernán Pineda T.
Hernán Pineda T.
Temas: Derecho Minero Energético - Contratación Estatal - Derecho Público
Ha participado en la estructuración, contratación y ejecución de múltiples proyectos de infraestructura, a través de las modalidades de contrato de obra pública o de concesión, asesorando tanto a empresas públicas como privadas. Asimismo, ha asesorado a empresas privadas en materia de suministro de bienes y servicios a entidades estatales.
Su experiencia en el campo de derecho minero y de hidrocarburos abarca la asesoría legal en la ejecución de contratos y títulos sometidos a los diferentes regímenes que han regulado esta industria.