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Al tiempo que en Bogotá se promulgaba la Ley 1882 con las disposiciones para fortalecer la legislación para el desarrollo de la infraestructura, en la vía al llano se desplomaba uno de sus actuales íconos en el país, el puente Chirajara.

Después de ocurrido este trágico incidente en el que nueve trabajadores perdieron la vida, propios y extraños han opinado sobre las posibles causas del evento y sobre las responsabilidades que este generará.

Empresas de ingeniería nacionales, el gremio de las aseguradoras, autoridades del sector de infraestructura, expertos internacionales y hasta la academia colombiana y extranjera se han aventurado a exponer, de manera al menos preliminar, sus hipótesis sobre lo ocurrido y sus recomendaciones sobre qué hacer con la estructura del puente que quedó en pie. No obstante, hasta el momento no hay una versión oficial ni de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) ni de ninguna entidad del gobierno sobre los hechos.

Por ahora la explicación que más ha hecho carrera es que el colapso se debió a una falla en los diseños, según los análisis realizados por la interventoría a través de una empresa de ingeniería mexicana contratada por ellos.

El problema es que esta es la versión de la interventoría, empresa que en este momento tiene un conflicto de intereses y que por lo tanto no puede actuar como tercero objetivo o representante de la ANI, para establecer las causas reales de la caída del puente.

No deja de sorprender cómo en los primeros días después del colapso, los medios de comunicación y las mismas autoridades públicas demandaban pronunciamientos de la interventoría, haciendo caso omiso de su evidente conflicto de intereses, pues a partir del momento en que la estructura colapsó, tanto el constructor como la interventora son los primeros llamados a responder.

Cuando una construcción se viene al piso, todos quienes han participado en la obra son eventualmente responsables, bien sea por fallas constructivas, por el uso de materiales indebidos o de mala calidad, por falta en la vigilancia de la correcta ejecución del contrato, etc. Lo cierto es que ninguno de los actores podría entrar a definir de manera objetiva cuáles fueron las causas de su fracaso.

Definitivamente, hay que recibir con beneficio de inventario la versión de la empresa interventora del contrato de construcción, según la cual, el puente se quebró por fallas en los diseños. Una explicación conveniente, en la medida en que apuntaría a establecer la causa del colapso en hechos sobre los cuales ellos no tuvieron ninguna responsabilidad como interventores.

Lo anterior no quiere decir que no sea posible que la causa del colapso del puente hayan sido unos indebidos diseños – aunque ya se han evidenciado grietas en la estructura que aún está en pie -, sino que no es aceptable que sea la interventoría o terceros contratados por ésta, quienes definan qué ocurrió realmente en el puente Chirajara, pues no puede ser juez y parte.

LO QUE DICE LA LEY

Ley 1882 de 2018, artículo 2: “Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría”.

Hernán Pineda T.
Hernán Pineda T.
Temas: Derecho Minero Energético - Contratación Estatal - Derecho Público
Ha participado en la estructuración, contratación y ejecución de múltiples proyectos de infraestructura, a través de las modalidades de contrato de obra pública o de concesión, asesorando tanto a empresas públicas como privadas. Asimismo, ha asesorado a empresas privadas en materia de suministro de bienes y servicios a entidades estatales.
Su experiencia en el campo de derecho minero y de hidrocarburos abarca la asesoría legal en la ejecución de contratos y títulos sometidos a los diferentes regímenes que han regulado esta industria.