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El fin de la neutralidad de la red en EEUU ¿afectará nuestro país?

El pasado mes de diciembre de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (la FCC por sus siglas en inglés) decidió poner fin a los principios de neutralidad de la red en ese país, a partir de este mes de julio.

La neutralidad en la red es una política que establece una serie de regulaciones y restricciones a los Proveedores de Servicios de Internet (IPS, por sus siglas en inglés) que buscan garantizar el acceso en igualdad de condiciones a internet. A través de estos principios, los IPS no podrían establecer restricciones o bloqueos tanto a los usuarios finales, como a las personas o empresas que cargan contenido en internet; la premisa, todos tienen un acceso igualitario.

De esto, que el principal temor que se ha producido por esta medida es que los IPS prestarán el servicio a su antojo pues podrán bloquear ciertas páginas web o, incluso, podrán decidir qué tan rápido cargan unos sitios frente a otros. Veamos unos ejemplos:

El primero, un Proveedor de Servicios en Internet es dueño también de una compañía operadora de servicios de televisión que ofrecen contenido audiovisual por streaming. Este proveedor podría establecer unas restricciones (cargas de contenido más lentas; cobro adicional por carga de contenido, entre otras) a sus competidores de servicios de contenido favoreciendo su propio canal. El segundo, el Proveedor de Servicios en Internet tiene identificados ciertos blogs y páginas web que permiten a los usuarios (consumidores) finales dar sus opiniones sobre la calidad de su servicio, por lo que dicho proveedor podría restringir el acceso a estos portales web o incluso bloquearlos para que el consumidor no tenga acceso.

Según la FCC, las reglas actuales de neutralidad en la red frenan la innovación tecnológica. En palabras de su director, entre menos regulaciones haya, habrá más innovación. Si un usuario final no está de acuerdo con las condiciones de un operador, puede cambiarse a otro.

Por su parte, empresas de tecnología y de contenidos en la web, consideran que esta medida podrá afectar el desarrollo de estos negocios pues los IPS podrán generarles cobros adicionales para cargar contenido en internet, cobros que al final se terminarían trasladando al usuario final.

Pero, ¿cómo afectará esta medida en territorio colombiano?

Lo primero que hay que advertir es que tanto el Ministro TIC como el mismo presidente Santos manifestaron que en Colombia impera la neutralidad de la red (así está previsto en la Ley) y que estos principios seguirán vigentes a pesar de la decisión tomada por parte de la FCC. Sin embargo, estamos en un tránsito de gobierno por lo que esta posición podría, eventualmente, cambiar. No podemos dejar a un lado que Estados Unidos es un país muy influyente en los países en desarrollo como Colombia.

Lo segundo a tener en cuenta es que si los proveedores de servicios de contenidos deben pagar más a los IPS para cargar contenido de manera rápida y transmitirla eficientemente a los usuarios finales, es muy probable que ese mayor costo se transfiera también a los usuarios finales, no solo a los de Estados Unidos, sino también a nivel mundial, quienes aunque no se vean afectados directamente por el cambio de los principios de neutralidad en sus países y, por tanto, reciban el contenido en condiciones de igualdad, si les transmitan parte de esos extra costos.

Consideramos que los efectos de la medida tomada por parte de la FCC no se verán en el corto plazo pues los IPS hasta ahora están adaptándose a esta medida y serán muy cautelosos mientras deciden qué hacer. Sin embargo, es muy importante no perder de vista el manejo que le den en un futuro pues, inevitablemente, directa o indirectamente, tendrá algún tipo de consecuencia en nuestro país.

LO QUE DICE LA LEY

El artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 establece los principios de neutralidad en la red. En virtud de lo anterior, los prestadores de servicios de internet “no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet”.
A su vez, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, mediante la Resolución 3502 de 2001 estableció las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en internet aplicables para todos los prestadores de servicios en internet, promoviendo los principios de libre elección, no discriminación, transparencia e información.

El e-commerce, un gran reto para las pequeñas empresas

En otras publicaciones hemos abordado las bondades que ofrecen el comercio electrónico y las nuevas tecnologías para el desarrollo de los negocios (Cómo “navegar” en el comercio sin quedar a la deriva o El modelo de banco en el bolsillo). El comercio electrónico se ha transformado en una política (mejor, en una necesidad) pues es el trampolín de las empresas para incrementar las ventas de sus bienes y servicios.

Las cifras del 2017 mostraron un crecimiento de aproximadamente el 20% de las transacciones a través de este medio (según cifras del Observatorio de Comercio Electrónico de Colombia). Sin embargo, este crecimiento se ha dado principalmente en medianas y grandes empresas. Las pequeñas empresas presentan un gran problema; el uso de herramientas de comercio electrónico, así como sistemas de pago electrónico, pueden resultar en una piedra en el zapato hasta el punto de hacerlas no competitivas.

Volvamos al caso de Lorena. El mes pasado inició el desarrollo de un negocio de venta de ropa a través de internet. Para esto, realizó una inversión inicial para el montaje de su página web, así como en redes sociales para publicitar su negocio. Hasta ahí, ningún problema, son los gastos mínimos para cualquier negocio (incluso más económico que abrir una tienda física; portales de ecommerce pueden cobrar entre USD $20 y $30 mensuales, más un porcentaje sobre las ventas efectuadas).

Pero contar con una página web no es suficiente; para que el negocio pueda desarrollarse 100% online será necesario contar con herramientas de pago electrónico. Por un lado, tener una cuenta bancaria (incluso una CATS), por otro lado, contratar un servicio de pagos en línea. Estos servicios, a su vez que los portales de comercio electrónico, cobran un porcentaje sobre las transacciones (que oscila entre el 3% y el 5% del valor del producto más una suma fija de aproximadamente COP $900 por transacción exitosa).

Adicionalmente, estas ventas tienen que ser transferidas a la cuenta bancaria y el movimiento de dinero en estas cuentas también podrían generar mayores costos para Lorena.

En resumen, por cada venta de una prenda que realice Lorena, deberá asumir unos recargos que oscilan entre el 10 y el 15%. Esta cifra, a simple vista puede resultar insignificante, pero para una persona que está empezando un negocio puede resultar en un porcentaje lo suficientemente alto para no implementar este sistema. De esta manera tendrá que manejar un sistema de pago contra entrega o bajo mecanismos que para el consumidor final resulten ineficientes (ejemplo, giros o consignaciones directas) y que desmotiven la compra.

En una entrevista dada en la revista dinero, Victoria Virviescas, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), considera importante el apoyo del Estado para estimular el uso de estas tecnologías y una migración al entorno digital por medio de una reducción o eliminación de asuntos impositivos que se traducen en impuestos para los comerciantes. En esa misma entrevista, consideró que esta situación hace que un pequeño empresario no sea competitivo y que el apoyo del gobierno mediante incentivos impositivos podría generar que den el salto completo al comercio electrónico.

Esta preocupación no sólo se genera en Colombia, en países como España, dos de cada cinco pymes (44%) no son competitivas en comercio electrónico. Así lo indica el Informe Bankia Índicex 2017, hecho público a principios de este mes de julio. La imposibilidad de realizar pagos a través de medios electrónicos es la principal causa de este problema; según el informe, cuatro de cada diez no disponen de esquemas de pago electrónico que permita a los clientes finales realizar sus compras desde la red y al instante.

Con este panorama, es evidente que el gobierno debe tomar medidas oportunas para fomentar el desarrollo de los pequeños emprendedores, de lo contrario las medianas y grandes empresas seguirán incrementando su participación en desmedro de los demás participantes del mercado.

El tentáculo de la legislación europea que afectará a las empresas colombianas

El pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigencia el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) emitido por la Unión Europea desde el año 2016, para fortalecer (o mejor endurecer) las reglas en materia de protección de datos personales.

Este Reglamento tendrá un impacto a nivel mundial de forma considerable, principalmente porque sus normas deberán ser adoptadas incluso por empresas que no estén domiciliadas en algún país de la UE, pero que sí utilizan datos personales de sus ciudadanos y, obviamente, por empresas alojadas en la UE que traten datos de ciudadanos de cualquier lugar del mundo (como los colombianos).

Las grandes empresas que recolectan, almacenan y utilizan datos personales se acogieron a estas reglas y empezaron un proceso de modificación y comunicación de sus políticas de tratamientos de datos. Es por esto que en los últimos días hemos venido recibiendo un sinfín de correos electrónicos donde las empresas nos informan sobre esta actualización y nos solicitan la aceptación de estos nuevos términos.

La aplicación del RGPD es tan importante en el entorno del manejo de datos personales que el mismo creador de Facebook, Mark Zuckenberg, afirmó de manera categórica el acogimiento de estas normas en su red social para todos sus usuarios en el mundo; esto, como un esfuerzo para recuperar la confianza de su público, tras los eventos de filtración de datos en el “lío” de Cambridge Analytica.

¿Cómo podría impactar esto en nuestro país?

Si bien la legislación colombiana no tendría por qué adaptarse a este Reglamento -por lo menos no en el corto plazo, pues nuestro país cuenta con una regulación muy estricta y fuerte en materia de protección de datos-, lo cierto es que si tendrá efectos en el sector privado.

Relojes Artesanales de La Sabana SAS (RAS SAS) es una empresa domiciliada en Bogotá, que fabrica y comercializa relojes artesanales hechos a mano en madera y que tiene a sus mayores clientes por fuera de Colombia, especialmente en España. Por esta razón, necesariamente deberá ajustar sus procedimientos para obtener la autorización para el tratamiento de datos personales (debe ser un consentimiento 100% expreso), deberá mejorar la especificación del manejo que dará a los mismos, e incluso, tendrá que establecer mecanismos para garantizar el Derecho al olvido y una evaluación del impacto sobre el tratamiento de datos personales.

Si no hace estos ajustes, es posible que no tenga ningún problema a la luz de la legislación nacional (asumiendo que esta empresa cumple con la Ley colombiana de protección de datos), pero sí podría ser investigado por las autoridades europeas y recibir una sanción que puede llegar hasta los 20 millones de euros o al 4% de la facturación general anual de la empresa, dependiendo la suma que resulte mayor.

De esta menara, vale la pena que todas las empresas colombianas que desarrollan negocios con clientes ubicados en un país miembro de la Unión Europea, hagan una revisión del RGPD y actualicen sus políticas internas de privacidad y protección de datos personales.

LO QUE DICE LA LEY

En Colombia, la protección de datos personales se encuentra regulada por la Ley 1581 de 2012 y reglamentada en el Decreto 1074 de 2015, libro 2, título 2, capítulos 25 y 26. Mediante estas normas se desarrolla el derecho constitucional de todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos.

El modelo de banco en el bolsillo

El sector financiero y bancario se ha caracterizado por estar a la vanguardia en temas de transformación digital y por la constante inclusión de soluciones tecnológicas motivadas, sobre todo, por las nuevas demandas de servicios de sus usuarios.

A partir de esto, las cuentas de ahorro de trámite simplificado han tomado cada vez más fuerza, especialmente en nichos de pequeños emprendimientos y en un público joven, ya que para su creación solo se requiere un teléfono celular y la cédula de ciudadanía.

En el caso de Lorena, por ejemplo, una administradora de empresas recién graduada, sin historia laboral ni crediticia, que ha decidido iniciar un negocio de venta de ropa por internet, este tipo de cuenta le permite manejar el dinero de su negocio -principalmente para recibir dinero de sus clientes y realizar pagos a sus proveedores en línea- por medio de una aplicación alojada en su teléfono móvil.

Como su negocio apenas está iniciando, esta solución le evitará todo el formalismo que implica crear una cuenta de ahorros tradicional. No tendrá que ir hasta la oficina del banco, entregar información personal y laboral, y contar con un valor mínimo de consignación para acceder a una cuenta.

Adicionalmente, el uso de esta cuenta no le generará costos por transacciones, cuotas de manejo ni el famoso 4x1000. Sin embargo, al ser una cuenta de ahorros de trámite simplificado, tiene límites para sus transacciones mensuales (no podrán superar los a 3 SMLMV ni tener más de 8 SMLMV disponibles como saldo en la cuenta).

Ahora bien, si el negocio crece y con este sus transacciones, el usuario podrá eliminar esos límites, convirtiendo su cuenta de ahorros en una cuenta “tradicional” pero completamente digital. Entonces, Lorena, podrá seguir desarrollando su negocio por internet, todo manejado y organizado desde cualquiera de sus dispositivos electrónicos.

La utilidad de la banca digital no solo está en la reducción considerable de los costos para el usuario, su valor agregado real está en la facilidad de uso y en la poca “tramitología” para dar apertura a una cuenta. Los medios tecnológicos actuales permiten que con total seguridad y confianza sea posible manejar los dineros a través del celular, garantizando que el titular sea la única persona a la que tenga acceso. Los procesos de identificación por biometría y la inclusión de claves de acceso (firmas electrónicas) permitirán apalancar dicha confiabilidad.

De esta manera, la migración hacia una banca digital permitirá que personas naturales, que no tienen confianza o no pueden acceder al esquema tradicional de bancos, cuenten con una herramienta que les dé historia crediticia.

LO QUE DICE LA LEY

Mediante la Circular Externa No. 053 de 2009 la Superintendencia Financiera de Colombia habilitó las Cuentas de Ahorros de Trámite Simplificado (CATS). Algunas características adicionales son: i) Los costos son mucho menores al de las cuentas tradicionales; ii) Son exclusivamente para personas naturales; iii) La cuenta se puede marcar como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (4 x 1000); iv) No maneja tarjeta débito; v) Las transacciones se hacen a través del celular o internet; vi) No se envían extractos físicos pero el banco habilita un canal para que estos sean consultados; vii) Se pueden hacer retiros en algunos cajeros o en Corresponsales no bancarios, a través de la asignación de una clave; viii) A través del celular o banca electrónica se pueden hacer pagos, transferencias y consultar saldo.

¿Secreto empresarial o experiencia profesional?

A finales del mes de enero de 2018 se dio inicio a una de las batallas legales del sector de la tecnología más importante de los últimos tiempos. Waymo, empresa desarrolladora de vehículos autónomos (que forma parte de Google – Alphabet), decidió demandar a Uber por una presunta violación de patentes y uso de secretos empresariales en el proceso de desarrollo de sus vehículos autónomos a través de Otto.

Esta batalla se generó principalmente con la compra por parte de Uber de la empresa Otto, cuyo dueño, el ingeniero Anthony Levandowski era un ex trabajador de Mountain View.

Durante el proceso, Waymo argumentaba que Levandowski se llevó información de patentes y un total de ocho secretos empresariales, los cuales, de manera ilegal, utilizó para el desarrollo del vehículo autónomo de Otto (todo esto “orquestado” por parte de Uber).

Por su parte, Uber insistía en que todo el desarrollo se hizo basado en los conocimientos del ingeniero y que la pretensión de Google es impedir que los trabajadores puedan cambiar de empresa y que puedan valerse de su formación para otros trabajos.

Semanas más tarde, las partes llegaron a un acuerdo. Ahora Waymo cuenta con una participación del 0,34% de las acciones de Uber, que se traduce más o menos, en una suma de $245 millones de dólares.

A pesar de los pocos días que duró este juicio, quedó planteado un fuerte debate en relación con el conflicto que puede generar el paso de un trabajador de una empresa a otra competidora, y esa delgada línea entre la violación de secretos empresariales y la explotación de los conocimientos adquiridos por parte de un trabajador.

Es evidente que una persona adquiere el Know How de su empresa empleadora y lo integra a su formación profesional. Esto, en palabras simples, corresponde a la experiencia, que finalmente le da más valor a un trabajador; quien además, tiene todo el derecho de buscar “nuevos aires” en otros lugares, incluida la competencia.

Una persona se forma y se especializa en una profesión u oficio específico y el trabajo es una gran fuente de conocimiento. Impedirle que explote esos conocimientos adquiridos al retirarse de una compañía es impedirle en estricto sentido su Derecho al Trabajo.

Es así como las empresas deben trazar muy bien esa línea, dejando muy claro dentro de sus procesos y metodologías qué debe ser protegido (como patente y como secreto empresarial) y adelantar todas las gestiones jurídicas (registros, acuerdos de confidencialidad) y materiales (medidas técnicas de seguridad para restringir el acceso a la información sólo a quien interese).

En definitiva, este tema, y en especial en profesiones donde el trabajo intelectual es predominante, seguirá en constante discusión; habrá que esperar nuevos casos similares y las interpretaciones que den los jueces en cada caso particular.

LO QUE DICE LA LEY

En Colombia está prohibido impedir que una persona, luego de su desvinculación, pueda trabajar en una empresa competidora. Así lo determina el artículo 44 del CST que dice: “La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su empleador, una vez concluido su contrato de trabajo no produce efecto alguno”.
Adicionalmente, la decisión 486 de la CAN regula, a partir de su artículo 260 lo relacionado con los Secretos Empresariales. Esta norma indica los esquemas de protección y la explotación de los mismos.