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Blockchain: La notaría más grande del mundo… sin notario

Uno de los grandes beneficios que aporta la tecnología blockchain al sector legal es la garantía de autenticidad de la información digital almacenada.

El tiempo del papel de seguridad sellado y almacenado en libros al interior de la notaría de la esquina o del pueblo, pronto va a pasar; la tecnología permitirá, por ejemplo, conocer con total certeza la cadena de propiedad de un inmueble. Que la tierra de un campesino pase a ser “por arte de magia” propiedad de un paramilitar, o del alcalde, no dependerá de la transparencia con la que un notario u otros servidores públicos ejecuten su trabajo.

El inmenso valor que aporta blockchain para un país como el nuestro hace obligatorio que los abogados empecemos a familiarizarnos con ella, y, más temprano que tarde, empecemos a utilizarla.

El blockchain es una tecnología descentralizada en la que las transacciones se registran anónimamente; es como un libro mayor o bitácora en el que se van anotando una serie de bloques de mensajes de datos o de información digital.  El libro en el que se registran las transacciones se mantiene clonado de manera simultánea en una red de computadores o servidores no relacionados llamados “nodos”; como una hoja de cálculo que se duplica miles de veces a través de una red de computadores.

El libro contiene un registro completo y continuo (la “cadena”) de todas las transacciones realizadas agrupadas en bloques: un bloque sólo se agrega a la cadena si todos los nodos, que son miembros de la red Blockchain están de acuerdo con que es válido. Es decir, la autenticidad de un bloque es aprobada por un gran número de nodos de manera simultánea.

Para determinar la validez de un bloque que se quiere unir a la cadena, o en palabras más coloquiales que quiera “montarse al tren”, algunos nodos compiten entre sí resolviendo un algoritmo altamente complejo para verificar si es auténtico. La solución del algoritmo se conoce como la Prueba de Trabajo.

Un bloque generalmente contiene cuatro piezas de información: el ‘hash’ o identificación del bloque anterior, un resumen de la transacción incluida, es decir el mensaje de datos que se quiere almacenar (como por ejemplo una escritura de compraventa firmada digitalmente); una marca de tiempo y la Prueba de Trabajo.

Una vez que se ingresa la información en el blockchain, es extremadamente difícil de alterar: una red blockchain carece de un punto de vulnerabilidad centralizado para que los hackers puedan atacar y cada bloque incluye la identificación del bloque anterior, por lo que cualquier intento de alterar una transacción es fácilmente detectable.

A través de esta tecnología, información sobre transacciones digitales (como un contrato de compraventa de una finca en los Montes de María) puede ser almacenada y rastreada sin la participación de un intermediario como un notario, un alcalde o inclusive una oficina de registro de instrumentos públicos, que siempre tendrán detrás a personas de carne y hueso que pueden ser tentados a alterar la información: como cambiar un simple nombre o número de cédula en la casilla “propietario”.

El exclusivo Club de la Facturación Electrónica

Es innegable que uno de los principales valores que aporta la tecnología — y más específicamente la desmaterialización o virtualización de transacciones — es su potencial para que las diferentes soluciones ofrecidas se masifiquen; que estén a disposición y faciliten la vida de un gran número de personas.

La facturación electrónica no puede quedarse atrás, y mucho menos la posibilidad de ejecutar operaciones de factoring virtual o electrónico sobre éstas. La reducción de costos y tiempos de transacción que se alcanzan manejando facturación electrónica son inmensos: puede llegar a reducir los gastos asociados en un 85%.

Al mismo tiempo, esta modalidad puede convertirse en una excelente fuente de financiación para todo tipo de empresas, especialmente las pymes, que podrán negociar sus facturas electrónicas a través del Registro de Facturas Electrónicas —manejado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo —, con entidades financieras, empresas de factoring, comisionistas de bolsa, e incluso fideicomisos.

Pero, paradójicamente, este potencial tan interesante que tiene la facturación electrónica está reservado para un exclusivo club; de manera inexplicable, el gobierno nacional estableció como requisito de validez de la factura electrónica que ¡no solo el emisor debe estar registrado ante la DIAN, si no el receptor o pagador de la factura también!

De esta manera, si su empresa quiere emitir facturas electrónicas para aprovechar todos los beneficios, únicamente podrá facturarle a otras empresas o personas que estén registradas en el Catálogo de Participantes de Facturación Electrónica.

Entonces, ¿dónde queda el potencial? Qué pasa con el comercio electrónico o las transacciones virtuales, tendrán que preguntarle al comprador de bienes y servicios si está registrado o habilitado para recibir facturas electrónicas… y si no, a qué dirección física se la hago llegar?.

 

LO QUE DICE LA LEY

El 23 de noviembre de 2017 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió su Resolución 2215, en la cual se regula el registro de facturas electrónicas (REFEL) como un mecanismo de validación de las facturas electrónicas que se consideran como título valor, y que permitirá la consulta de información de las facturas y su trazabilidad.

UBER: “En Londres hicimos las cosas mal”

Es paradójico lo que está pasando con UBER en Londres.

Mientras que en medio mundo la multinacional de tecnología para el transporte urbano lucha a muerte por ser considerada un negocio legal, en Londres, una de las ciudades en las que operaba “con todas las de la ley”, acaba de perder su licencia de operación otorgada desde el año 2012.

La pregunta importante es por qué perdió su licencia; y la respuesta, igual de importante a la pregunta, la dio el nuevo CEO Dara Khosrowshahi: “en Londres hicimos las cosas mal”.

Esto significa que no cumplieron con las normas aplicables a su condición de empresa operadora de transporte privado. Cada tipo de operador (y en general cada tipo de empresa) debe cumplir una serie de reglas para ajustarse a las normas que regulan su actividad. En este caso particular, UBER debía seguir procedimientos para reportar incidentes, obtener certificaciones médicas de sus conductores, y hasta chequear y certificar los antecedentes penales de cada uno de ellos.

¿Será que el incumplimiento legal es un problema “cultural” en UBER? O será un problema operativo y de control de la compañía…

Hasta hace algunos meses el problema era definitivamente “cultural”; pero hoy, con un equipo directivo renovado que rechaza la política empresarial de todo vale, parece que la respuesta está en un deficiente proceso operativo y de control.

Sea cual sea la causa de esta situación, lo que sí es absolutamente claro es que el cumplimiento (o incumplimiento) de la regulación aplicable a un negocio no es un asunto menor, y todo lo que hagan las empresas para mejorar sus prácticas en este campo es muy útil; al punto que, si no lo hacen pueden perder su negocio o, lo que sería peor, empezar a operar en la ilegalidad.

LO QUE DICE LA LEY

La Ley 1778 de 2016, que determina las reglas aplicables a las sociedades para prevenir actos de soborno transnacional y corrupción, estableció que las grandes empresas deben consolidar programas de ética empresarial; más de 106 empresas incumplieron esta obligación legal, y hoy son objeto de investigación administrativa, que puede derivar en la imposición de multas.