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¡Todos bajo las mismas reglas!

El IVA que reduce el nombre de Impuesto de Valor Agregado, es definido como el gravamen nacional a las ventas que se aplica en cada una de las etapas de la cadena productiva. Desde su implementación en 1963 como tributo monofásico a las actividades de manufactura e importación, este impuesto ha estado con los colombianos y aún sigue dando de qué hablar.

Recientemente el Ministerio de Hacienda anunció que las organizaciones que basen su negocio sobre plataformas digitales tales como proveedores de video, música, películas y todos los servicios de plataforma por aplicaciones móviles, deberán incluir en su facturación el IVA de 19%, independiente del país de origen. De tal manera, que los usuarios de plataformas como Netflix, Spotify, Uber o Airbnb verán próximamente incrementadas sus facturas.

Este cobro del IVA encuentra su fundamento en el hecho de que los servicios, aunque son prestados desde el exterior, el usuario directo o destinatario de los mismos tiene su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional.

Sin embargo, al no tener presencia en el país, el recaudo del impuesto se efectuaría por medio de las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y otros que designe la DIAN.

Por otra parte, plataformas que tienen como propósito servir como buscadores, intermediadores de reservas o que propiamente no prestan un servicio o comercialicen productos, como puede suceder como Waze, en principio no se verían obligadas a realizar este recaudo. No obstante, hay dudas sobre cómo se impondría la carga tributaria a plataformas como Amazon, que tiene diversidad de servicios.

Sin embargo, las principales preguntas que lleva esta exigencia establecida desde la reforma tributaria de 2016, es ¿cómo se aplicaría este gravamen a aplicaciones y servicios que no están regulados en el país, como el caso de Uber y Airbnb? Y con esto ¿las plataformas como Uber y Cafity entrarían a gozar de la legalidad?

La respuesta a esta pregunta no la tiene ni el Ministerio de Hacienda ni la DIAN. Por ahora, todas estas empresas que se encuentran fuera del país deberán solicitar el RUT y empezar a tributar. Sin embargo, quedó abierto el debate sobre su legalidad, pues el proceso apenas empieza y habrá que ver qué determinaciones toman los recaudadores del cobro de estos servicios, y qué decidirán las empresas en el exterior.

LO QUE DICE LA LEY

LEY 1819 DE 2016. ARTÍCULO 180. Corregido por el art. 6, Decreto Nacional 939 de 2017: Numeral 8. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales –DIAN– en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o digitales…
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución indicará de manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los que deberá practicárseles la retención prevista en el numeral tercero.

La discriminación, una conducta que le puede acabar el negocio.

Casos como el sucedido con el artista callejero “Don José”, a quien le negaron disfrutar de una comida en un restaurante de Medellín (Colombia) por parte de su administradora, o el caso de los dos hombres de color que fueron sacados a la fuerza por la policía de una de las tiendas de Starbucks en Filadelfia (Estados Unidos) por su condición racial, no se quedan sólo con un reproche en las redes sociales.

En el ámbito nacional, más allá de lo que declara la Ley 1482 de 2011 para garantizar la protección de los derechos que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación, o las sanciones económicas contempladas por el Código de Policía Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también puede iniciar una investigación administrativa por violación del derecho del consumidor a ser tratado equitativamente y de manera no discriminatoria.

En este caso, la SIC deberá investigar y determinar si realmente hay desigualdad entre los consumidores y el público en general en el acceso a bienes y servicios que deben ser vendidos o puestos a disposición en igualdad de condiciones, siempre que existan iguales situaciones de hecho; es decir, que todos los consumidores o los usuarios, sobre la base del derecho a la igualdad, no pueden pretender acceder a los mismos productos o servicios.

Por ejemplo, un consumidor no podrá denunciar discriminación o desigualdad injustificada si una compañía aseguradora le impide acceder a un tipo de seguro determinado o si le ofrecen una póliza más cara. En un caso como este, la decisión final dependerá del riesgo evaluado y acreditado por la aseguradora.

De lo que realmente se trata la discriminación en el caso de los consumidores, es que un proveedor no podrá negarles la posibilidad de disfrutar de un producto o servicio por cuestiones subjetivas como enemistad con el cliente, o por cuestiones raciales, sociales y demás, que obedezcan a condiciones exageradas para el ingreso a un establecimiento, o por motivos no acreditados, entre otros.

En estos casos, al comprobarse una conducta discriminatoria por motivos injustificados, la SIC podría imponer sanciones que irían hasta los 2000 SMMLV, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio, entre otras medidas.  Sin dejar de lado que el cliente también podría buscar un resarcimiento por daños y perjuicios ante un juez civil al existir afectación a la dignidad y por ende daño moral.

De tal manera que, señores empresarios y todos aquellos comerciantes que prestan servicios al público, hay que pensar dos veces antes de tomar decisiones pasionales en contra de sus consumidores reales o potenciales, ya que una conducta equivocada no solo puede tener importantes afectaciones económicas, también puede afectar su reputación, pues las redes no se callan nada.

LO QUE DICE LA LEY

Ley 1482 de 2011

Artículo 134 A. Actos de Racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ley 1480 de 2011

Artículo3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:

(…)

1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria

¡Igualdad de Género! Se puede decir más fuerte pero no más claro

Pasan los años y la lucha por la igualdad de género sigue en pie. Recientemente nos lo hizo recordar la actriz Frances McDormand, quien fue reconocida en la edición más reciente de los Oscar como mejor actriz por su papel protagonista en el filme “Tres anuncios a las afueras.”

En su discurso de agradecimiento, la actriz invitó a la industria del entretenimiento a una fuerte reflexión con las siguientes palabras: “(…) Miren a su alrededor porque todas tenemos historias y proyectos que contar y necesitamos que sean financiados. No nos hablen de ello en la fiesta de esta noche, invítenos a sus oficinas y hablamos de proyectos. No llaméis para felicitarnos. Llamadnos para ofrecernos trabajo. En resumen: inclusión“. Un clamor que no sólo se escucha en la industria del entretenimiento, sino en todos los sectores del mundo, y que no sólo pide inclusión sino también igualdad.

Otros ejemplos que encontramos bajo este lema, son por un parte, el caso de de la editora para China de la BBC, Carrie Gracie, quien a través de una carta que hizo pública, anunció su renuncia después de descubrir que ganaba un 50 por ciento menos que sus homólogos masculinos: “Creo que ustedes tienen derecho a saber que [la BBC] está rompiendo la ley de igualdad y resistiendo la presión por una estructura salarial justa y transparente“, escribió Gracie en la carta.

Por otra parte, según un estudio realizado por el portal ticjob.co, el 15% de las profesionales en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que laboran en Colombia ganan un 15% menos que sus colegas masculinos; sin embargo, la brecha salarial se expande entre los profesionales con 10 y 15 años de experiencia, pues la diferencia llega a un 22%.

A pesar los anteriores casos, no estamos ante una batalla perdida. Con el paso del tiempo, se ha conocido que las empresas han ido incorporando políticas y esquemas salariales con las que buscan minimizar las brechas que pueden existir entre hombres y mujeres, generando ambientes de trabajo más incluyentes y equitativos.

Empresarios en el mundo han entendido que la diversidad trae ventajas competitivas para los negocios. Según lo publicado por la Revista Dinero en su artículo “Empresas con mejores políticas de equidad de género”, por lo menos el 30% de mujeres en posiciones de liderazgo son más rentables que aquellas que no cuentan con ellas.  A pesar de ello, la misma publicación señala que en Colombia sólo el 38% de las compañías son dirigidas por mujeres, y apenas el 33% de las empresas privadas y el 18% de las públicas tienen políticas de equidad de género.

Si bien, muchos empresarios han ido entendiendo que la diversidad de género es un aspecto clave en el crecimiento de sus negocios, y así también lo han ido interiorizando las empresas que quieran generar una mayor competitividad, lo cierto es que esta es una dificultad constante que exige tanto a mujeres como a hombres contribuir en su solución, y no permite una tregua.

De acuerdo con el último informe del Foro Económico Mundial, un importante porcentaje de las grandes economías en el último año presentaron un retroceso en el cierre de la brecha entre géneros, la cual sigue estando marcada por la gran diferencia entre salarios, carga laboral y la presencia de mujeres en altos cargos públicos y empresariales. Colombia ocupa el puesto 36 en el ranking de igualdad de género de FEM, por debajo de Australia.

Si bien se tienen importantes avances, hay que protegerlos y multiplicarlos. Esto exige por tanto, esfuerzos constantes y persistentes por parte de todos los sectores y por todas regiones del mundo.  Citando a Gloria Steinem icono del feminismo en Estados Unidos: “La historia de la lucha de las mujeres por la igualdad no pertenece a una única feminista ni a una única organización, sino a los esfuerzos colectivos de todos aquellos que se preocupan por los derechos humanos”.

LO QUE DICE LA LEY

A través de la Ley 1496 de 2011 se garantiza la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hombres, fija los mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público como en el privado y establece los lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 consagra en los artículos 177 y 179 la obligación de construir de manera participativa, una Política nacional integral de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género.

Cuando un gigante reina: Efectos de la posición dominante en un mercado

El Canal Uno no funciona, el Canal RCN no funciona, hay que aterrizar en una realidad: que con el cable, el computador y los teléfonos, Colombia se quedó para un solo canal”, fue la declaración de Julio Sánchez Cristo en su programa de la W Radio, para hacer referencia a la situación en la que se encuentra el mercado de la televisión en Colombia.

El periodista también comentó que “Si bien es cierto, el canal aún no se ha pronunciado con información oficial y aún faltan muchos datos por confirmar, el canal sí se encuentra en una posición negativa por su caída en los ratings, especialmente en comparación con su competencia directa, el Canal Caracol”.

Más allá de debatir sobre dichas declaraciones, su formulación abre un espacio para analizar qué sucedería en caso de la caída de RCN, dejando a Caracol como único canal privado para Colombia y preguntarnos: ¿qué responsabilidades le competen al canal respecto al mercado en el que opere como dominante? Y si ¿un canal tradicional tendrá posibilidades de competir con los nuevos canales y alternativas de contenidos?

Comenzaré por señalar que en Colombia no se encuentra prohibido el hecho de ostentar una posición de dominio dentro del mercado, sino el abuso que se haga de dicha posición. En ese sentido, a las autoridades nacionales les compete vigilar con rigurosidad que la posición se ejerza de forma sana y equilibrada, pues claramente este poder económico permitirá influenciar notablemente el comportamiento y las decisiones de otras empresas, y eventualmente, de resolver su participación o exclusión en un determinado mercado.

Por eso la empresa dominante deberá conocer y prever razonablemente las consecuencias que sus conductas pueden tener en el mercado, para evitar aquellas actuaciones que sean contrarias a la competencia y obrar en consecuencia. También supone que la empresa tenga que velar no sólo por las conductas y resultados que se produzcan dentro del mercado dominado, sino también por las que puedan producirse o repercutir como consecuencia de su dominación, entre otros mercados próximos.

Ahora, si bien enfrentar una posición dominante en el mercado televisivo puede resultar atractivo y lucrativo, al Canal Caracol aún le quedaría el reto de competir frente a canales alternativos como los de televisión por cable o los nuevos como Netflix, Amazon Instant Video, Epix, Qubit Tv y Crackle, entre otras. Los cuales, además, han propuesto una transformación en cuanto a contenidos más ágiles y con mejores producciones, que resulten irresistibles para un público cada vez más exigente y más difícil de mantener interesado en un solo medio o contenido.

Empresas como Claro y Movistar ya les apuestan a estas nuevas plataformas tecnológicas apoyadas en internet, permitiendo a sus usuarios gozar de un mayor control respecto al tiempo en que pueden disfrutar de sus programas y donde quieran.

La Autoridad Nacional de Televisión señaló que el negocio de la televisión en Colombia sí es rentable y que según sus proyecciones, en una década, la pauta publicitaria podría llegar hasta los $11,7 billones, dado que entrarán a jugar factores como el acceso a televisión por internet, los servicios de streaming y el 4G.

Así las cosas, al Canal Caracol aún le quedan pendientes un par de batallas por pelear y ganar, pues si bien tiene que mantener su liderazgo en el rating de la televisión nacional, le queda seguidamente el desafío de ajustar su estrategia a las nuevas tendencias de transmisión de contenidos por internet, para mantener su a público tradicional y atraer a nueva audiencia.

LO QUE DICE LA LEY

El Decreto 2153 de 1992 en su artículo 50 registra las conductas que presentan un abuso de la posición dominante, referidas para el cumplimiento de las funciones de control que deberá ejercer la Superintendencia de Industria y Comercio, especificadas en el artículo 44 del presente decreto.

Pagar parte del salario en Bitcoins ¿una medida posible en Colombia?

El bitcoin arrancó el 2017 superando el umbral de los 1.000 dólares por primera vez desde el 2013 y acumuló una revalorización del 215,4% en los últimos doce meses. Asimismo, desde que comenzó el año pasado, el precio de la criptomoneda se ha incrementado un 27% y poco a poco ha ido marcando un hito en la historia del mercado global, al llegar a cotizar por encima del oro.

De ahí que un mayor número de empresarios en el mundo se estén viendo atraídos por esta bola de nieve virtual, y estén abriendo canales para facilitar su incursión y negociación.

Comercios online como Microsoft, Tesla, Amazon o Subway, entre otros, han ido incorporando la posibilidad de pago con esta moneda a través de Internet para prácticamente la totalidad de los bienes de consumo más comunes.

Adicionalmente, existen múltiples casas de cambio en línea que permiten al igual que las casas tradicionales, canjear los bitcoins por cualquier moneda real; o si se quiere, aplicaciones móviles que permiten sacar el dinero en euros en efectivo al instante en miles de cajeros en España.

Facilidades como estas, sumado al creciente valor de esta moneda virtual, ya están haciendo considerar a empresarios en la posibilidad de pagar el salario de sus trabajadores en bitcoins.

Países como Japón y Canadá ya han establecido acuerdos con sus trabajadores para pagar parte de su remuneración salarial en Bitcoins. La Compañía Japonesa GMO Internet, que opera varios negocios online incluyendo gestión de páginas, publicidad y servicios financieros, estableció acuerdos con sus empleados en Japón para pagar una fracción de su salario mensual de hasta 100.000 yenes (890 dólares, 755 euros) en bitcoin.

Sin embargo, en Colombia la posibilidad de incorporar esta nueva forma de remuneración en el mercado laboral nacional no se ve tan clara.

Por una parte, podría considerar el Bitcoin como una remuneración en especie, y en tal sentido no podría exceder el 50% del pago para un trabajador que devengue más de un salario mínimo mensual. Y por otra parte, puede existir la tesis de aquellos que señalen que al bitcoin -una divisa no reconocida en el país- cualquier pacto que le involucre como medio de pago resultaría ilegal.

La Corte Suprema de Justicia respecto al pago del salario en moneda extranjera, en una sentencia de 2011 en la que dirimió el conflicto entre un trabajador extranjero que exigía el pago en dólares (o subsidiariamente en pesos) la reliquidación de unos derechos laborales, precisó que la decisión de pactarse el salario en moneda nacional o extranjera corresponde exclusivamente al trabajador, de manera que el empleador no puede arrogarse esta decisión, ni tampoco lo podría hacer en principio un juez.[1]

Pese a que nivel mundial se tiene una buena aceptación respecto al uso del bitcoin, lo cierto es que la fluctuación de su valor, su corta edad, su uso especulativo y la ausencia de un reconocimiento legal como una divisa real, hacen que su posibilidad de incorporación en acuerdos salariales con trabajadores en el país aún se tenga como un panorama lejano.

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia Rad.  34274 de 1 de marzo de 2011.  MP. Francisco Javier Ricaurte Gómez.

EL BITCOIN EN COLOMBIA

La Superintendencia Financiera de Colombia en consideración a su auge y a los problemas que han enfrentado las plataformas transaccionales en las que se cotizan y negocian estas monedas, emitió las Cartas Circulares 29 de marzo 26 de 2014 y 78 de noviembre 16 de 2016, con el objeto de advertir, tanto a las entidades vigiladas como al público en general, acerca de los riesgos a los que se exponen cuando adquieren y transan con estos instrumentos que no están regulados, ni respaldados por ninguna autoridad monetaria o activos físicos y cuya aceptación es muy limitada.